Si nos centramos en la realidad española, nuestras cifras de porcentaje de PIB dedicado a I+D son desfavorables: ocupamos el duodécimo lugar entre los quince Estados originales de la Unión Europea (0,9% en España comparado al 1,9% de media de la UE) y todavía estamos más alejados de Estados Unidos que dedica el 2,7 por 100 de su PIB a I+D 6. La Declaración de Barcelona proponía que la inversión en I+D en 2010 debía aproximarse al 3 por 100 del PIB, objetivo muy alejado de la realidad actual.
La I+D en la enseñanza superior suponía un gasto interno del 0,33 por 100 del PIB, mientras que las empresas doblaban su gasto en términos de participación del PIB en 2006. El valor de euros constantes por investigador en la enseñanza superior está notablemente por debajo del de las empresas y de la propia Administración pública. La enseñanza superior supone la mayor aportación de recursos humanos al sistema español de I+D, aunque en términos relativos el gasto por investigador es menor que en el sector privado o en el resto del sector público dedicado a la investigación. Sin embargo, hay indicadores que sugieren que la productividad de la investigación en la universidad española es eficaz, al menos si lo comparamos al resto de sectores. Por ejemplo, la distribución del retorno del VII Programa Marco de la Unión Europea muestra, cómo en primer lugar las empresas y a continuación las universidades son los sectores más destacados en el porcentaje de distribución del retorno.
Aunque las condiciones de la investigación en España son mucho mejores que las que había cuando entró en vigor la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, conocida como Ley de la Ciencia y que actualmente está en fase de revisión, todavía se encuentran cuellos de botella, como es la escasa aplicación de los avances por parte de las empresas. Es necesario encarrilar las acciones en I+D hacia la excelencia. Para conseguirlo, es necesario:
- Mejorar la planificación y establecer las áreas I+D prioritarias para invertir recursos en los sectores en los que España puede ser referente. Estas iniciativas deben formar parte de un acuerdo social por la investigación que reduzca la rigidez administrativa, haga posible la continuidad temporal de las políticas más allá de los periodos legislativos y nos permita convertirnos en un líder de proyectos de investigación de calado internacional.
- Realizar cambios estructurales que flexibilicen los procedimientos administrativos y permita el diseño y la aplicación de las carreras investigadoras, papel prioritario de las universidades. Es prioritaria también la estabilización laboral de los profesionales que hasta ahora sólo han recibido recursos del sector público.
- Es necesario desarrollar una cultura y formalizar un pacto social en materia de innovación para que todos los españoles puedan percatarse de la relevancia de la innovación. Un entendimiento por parte de la sociedad de que el progreso científico es esencial para mejorar la calidad de vida y el bien común, y un apoyo incondicional a los profesionales de la Ciencia deben considerarse prioridades nacionales si se desea que el país se adapte a los retos del futuro.
- Los gobiernos deben ser catalizadores para que las universidades y empresas apuesten por la innovación. Además, la Administración central debe liderar el desarrollo de la innovación garantizando la coordinación con las autonomías y con otros países. El desarrollo del Ministerio de Ciencia e Innovación ha sido el primer paso. Deben aprovecharse las sinergias y la apuesta de todos los agentes debe ser más decidida con objetivos a corto, medio y largo plazo. El sector público y privado debe desarrollar sinergias para optimizar los recursos, evitando duplicidades.
- Las empresas deben desempeñar un protagonismo mayor, contando con herramientas puestas a su disposición por los gobiernos, como son los incentivos fiscales. Las empresas deben convertirse en las propulsoras de la investigación como ocurre en Estados Unidos o la tendencia que se desarrolla en los países más avanzados de la Unión Europea, como Alemania o Francia, con una participación de las empresas mayor que en España. Un problema español para aplicar este modelo es que más del 90 por 100 de las empresas son PYMES, aunque son muy activas en innovación y con una inversión mayor pueden convertirse en un sector estratégico de crecimiento para España.
El desarrollo del conocimiento científico requiere el intercambio de la información, la comunicación informal de ideas a través del encuentro y la discusión personal entre profesionales. Como demuestra la historia, el intercambio internacional de profesionales proporciona un conocimiento y una experiencia de enorme beneficio personal, y sirve para la introducción de nuevas ideas en el país de origen. El libre intercambio de profesionales por encima de las barreras políticas es un factor indispensable para la modernización y el avance científico de un país. Dentro de este intercambio hay que considerar el regreso de profesionales de prestigio emigrados.
La falta de movilidad, la resistencia al cambio y una cultura en la que sea el estatus social más que la calidad profesional la que determina la influencia y poder en la sociedad, contribuyen a bloquear toda innovación. Pero si queremos ser competitivos, no hay otro instrumento que la modernización científica y tecnológica. El concepto de que profesionales excelentemente formados es el factor vital para el desarrollo y modernización de una sociedad puede no parecer evidente, pero es un hecho cierto que el progreso se detiene ante la falta de talento.
6 Sanz, G. y Fuster, V. «Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares: una nueva etapa». Rev. Esp. Cardiol. 2008, 61: 1-5.
