Es de vital importancia el realizar un análisis económico en los procesos de asignación de recursos y priorización de la investigación realizada con fondos públicos.
Tanto los investigadores como los gestores y los clínicos están de acuerdo en relación al posicionamiento estratégico y a la relevancia social de la actividad de la investigación biomédica pública. La investigación es, y debe ser, un producto específico y totalmente diferenciado de la asistencia. Es necesario priorizar la investigación que se realiza en el Sistema Nacional de Salud de un modo congruente con los Objetivos de Salud, con el modelo epidemiológico actual y su evolución previsible, de manera que dicha investigación genere conocimientos útiles para los servicios asistenciales. La financiación pública de la investigación debe ser en un país democrático y transparente con rendición pública de cuentas y control pormenorizada al objeto de que la consecución de los objetivos estratégicos sea verificable. La introducción sistemática y regular de auditorías y procedimientos de evaluación independiente y externa a los centros y núcleos de actividad investigadora, así como la publicación sin restricciones de los resultados, es algo que debe ser obligatorio. La investigación biomédica ha de gestionarse de manera específica y diferenciada en organizaciones sanitarias cuya dirección debe situarse en el máximo nivel directivo del hospital, y debe facilitarse el desarrollo de infraestructuras de apoyo a la investigación, y darse un tratamiento prioritario al conocimiento permanente de los costes específicos de la investigación con un riguroso deslindamiento de los costes asistenciales. Deben generalizarse las experiencias positivas obtenidas con las nuevas formas organizativas y de gestión desarrolladas al amparo de la ley como las fundaciones y las fórmulas asociativas de organismos complementarios para de este modo poder obtener economías de escala y mayor competitividad a nivel internacional.
Y para estos propósitos el conocimiento del valor de la investigación, su coste específico y su coste de oportunidad así como la gestión anticipada del riesgo de elegir dominios tecnológicos y líneas de investigación, constituyen aportaciones distintivas del análisis económico.
El análisis económico es totalmente pertinente y necesario y aporta información en la comprensión de las transacciones entre sujetos con pluralidad de intereses y preferencias.
Desde la perspectiva de los directivos del sistema sanitario y de sus usuarios, el rendimiento de la investigación incluye la noción de coste de oportunidad y contempla tanto procesos de mejora de la calidad asistencial como de ahorro potencial de recursos.
Esta pluralidad de valores y preferencias supone, en un sistema participativo con asignación colectiva de recursos, el requerimiento de explicitación de las prioridades de investigación y la transparencia, en relación a la elección de las alternativas de investigación.
Como primer paso está la identificación y valoración de necesidades de investigación y la priorización relativa de las mismas con arreglo a criterios definidos y explícitos. Las fases correspondientes al desarrollo de los proyectos contratados enfatizan posteriormente la importancia de los recursos, los procesos y los resultados; los recursos tanto los tangibles como los intangibles, relacionados con la experiencia y las competencias de los profesionales así como la disponibilidad de una infraestructura tecnológica apropiada; los procesos, de cuyo avance pueden derivarse resultados directos en términos de cambios en las prácticas y guías clínicas que toman parte en los proyectos; y los resultados cuya valoración y valor añadido suele reflejarse por medio de la contabilización de los impactos bibliométricos de las publicaciones y la difusión de la investigación en la comunidad científica; y su influencia en la reformulación de políticas sanitarias y revisión de protocolos, y prácticas clínicas.
Las propuestas de reformas de los sistemas sanitarios basadas en el desarrollo o la introducción de la gestión descentralizada del aseguramiento público, con mecanismos de competencia e incentivos de mercado, puede suponer una amenaza para el statu quo de la sostenibilidad de la financiación y la actividad investigadora en los hospitales. En la medida en que desconcentra la función de «compra de servicios» y ésta se asume por la Atención Primaria, aparecen conflictos en relación a quién va a direccionar el flujo de pacientes, y no hay investigación biomédica sin pacientes.
En el sector privado existe consenso acerca de que los financiadores, es decir, las compañías aseguradoras, no tienen por qué afrontar los costes «extra» atribuibles a la investigación biomédica (fármacos y procedimientos experimentales, medios diagnósticos, gestión de datos, tiempo de personal asociado a la investigación, etc.) y sólo hacerse cargo de los costes de la asistencia, no experimental, probada y efectiva de sus asegurados.
